La revisión de las Memorias y Cuentas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ente creado en 2007 durante la presidencia de Hugo Chávez, permitió constatar que la entrega de insumos de primera necesidad, como hamacas, útiles escolares y herramientas para actividades agrícolas, disminuyó 66,3% entre 2012 y 2014

Caracas.- Comunidades indígenas desatendidas. Una de las políticas públicas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas es responder a las necesidades de las poblaciones de diferentes grupos étnicos que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. No obstante, la entrega de insumos de primera necesidad llegó a menos beneficiarios. Según la información oficial disponible en los informes de gestión del ministerio, el número de beneficiarios cayó en 80,5% entre 2012 y 2016.

La revisión de información del despacho, que actualmente dirige Aloha Núñez, nombrada el 4 de enero de 2018 en Gaceta Oficial N° 41.313, indica que el Ministerio de los Pueblos Indígenas asistió en 2012 a 90.740 personas de diferentes etnias de seis estados del país; mientras que en 2016, último dato oficial disponible, solo 17.605 habían recibido ayudas para atender sus necesidades prioritarias.

El chequeo de informes fue realizado por el equipo de Vendata, un proyecto colaborativo de apertura de datos liderado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela  (IPYS Venezuela) y Transparencia Venezuela.

Así como se redujo el número de indígenas atendidos, también disminuyó la cantidad de insumos de primera necesidad otorgados a las comunidades originarias. De acuerdo con los datos disponibles, en el año 2012 se dieron 59.049 materiales y otros insumos, y en 2014 se entregaron 19.876, con una caída de de 66,3% en dos años.

El Ministerio para los Pueblos Indígenas se trazó como meta la entrega anual de hamacas, mosquiteros, productos de higiene personal, útiles escolares, incluso implementos para actividades agrícolas y de pesca, y equipos y utensilios de cocina, en el marco de la puesta en marcha del programa social “Mi casa bien equipada” que el Gobierno creó en el año 2010, cuando Hugo Chávez ocupaba la presidencia.

Si bien hasta el año 2014 se registró una disminución en la entrega de insumos, no se tiene certeza de cuál es la cantidad que se suministró en 2015 y 2016 porque no se refleja en los informes de gestión del ministerio de esos años. En el documento de 2016, último publicado por el despacho, solo se indica el número de personas beneficiadas con esta política pública.

Los insumos de primera necesidad fueron entregados a poblaciones indígenas de los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia. Entre 2013 y 2016 se incluyó a comunidades de los estados Anzoátegui y Monagas, y otras poblaciones del Zulia, como las asentadas en el Sur del Lago de Maracaibo. Los datos reflejan que, entre 2012 y 2014, el número de comunidades atendidas aumentó de 309 a 483. Es decir, 56,3% etnias beneficiadas más en dos años.

“El deterioro de las ayudas del Ministerio de los Pueblos Indígenas es apenas una leve evidencia de lo que realmente percibimos”, recalca Juan Carlos La Rosa, defensor de derechos humanos y miembro cofundador de la organización Wainjirawa.
La Rosa asegura que no hay un programa social que se haya diseñado en acuerdo con las comunidades indígenas y, por el contrario, las entregas hechas por el Gobierno obedecen a razones “clientelares”. “Solo hacen consignaciones en vísperas electorales o cuando desean fingir una consulta o buscar aprobación de las comunidades indígenas”.

Las ayudas, en algún momento, generaron dependencia. En el caso de la etnia Yukpa en Perijá, estado Zulia, la ausencia y el otorgamiento con fines clientelares ha generado deterioro en la salud y el hambre, y ha profundizado desplazamientos masivos. Las ayudas realmente nunca fueron concebidas como un derecho, sino como un instrumento del Estado para ejercer el control en las comunidades. La política del Estado buscó hacernos más dependientes y subordinados, y debilitar nuestra identidad ancestral y nuestras instituciones propias”, explica.

La imposibilidad del Estado de cubrir las necesidades de los pueblos indígenas ocurre en un contexto de crisis humanitaria, acentuada principalmente por la escasez de alimentos y medicinas y deterioro de los servicios de salud, que han golpeado a las comunidades originarias. La desnutrición y el incremento de personas afectadas por enfermedades como el VIH y el sarampión, especialmente en los asentamientos de Delta Amacuro y Amazonas, ha obligado a que más indígenas abandonen sus tierras y se migren a países fronterizos, como Brasil.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por ejemplo, ha reportado que al menos 64 indígenas de etnias de los estados Amazonas y Delta Amacuro fallecieron por sarampión en 2018, aunque informes del Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé apunta que más de 100 han muerto por esa enfermedad infecciosa de origen viral; y otros han perdido la vida por desnutrición.

La Rosa señala que los pueblos indígenas también se ven limitados para acceder a insumos, alimentos y medicinas por la crisis de transporte y de combustible, incluso por el asedio de “mafias” en las que asegura están involucrados funcionarios de seguridad, que han hostigado a las comunidades y obligado a desplazarse hacia otros territorios. A su juicio, el Estado ha perdido el control para contrarrestar a estos grupos.