La corrupción no tiene reparo en el sistema de control de la gestión pública. Existen funcionarios multados por irregularidades que continuaron ocupando cargos y otros que se fueron del país sin pagar condena. Con el proyecto Vendata es posible detectar hasta dónde llega la Contraloría en la vigilancia del manejo de los fondos públicos

LISSETH BOON

El actual ministro de Petróleo de Venezuela,  Nelson Pablo Martínez, fue sancionado por corrupción en 2011 por la Contraloría General de la República (CGR). El mismo funcionario que ha hecho carrera en la industria petrolera desde los años 80, fue declarado responsable en procedimientos  administrativos debido a la “negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio público” mientras presidía Pdvsa Gas, según consta en el Informe 2011 de la CGR.
Aquella sanción, por la que Martínez debió pagar una multa de Bs. 19.142,50 (unos $1.871 al cambio de la época), lejos de impedir su nombramiento para otros cargos de la administración pública, como plantea la Ley Orgánica de Contraloría y la Ley contra la Corrupción, no ha truncado su ascendente trayectoria en la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa.  Ese mismo año fue nombrado director de Pdvsa Argentina y dos años más tarde asumió la presidencia de Citgo, la mayor filial de la petrolera fuera del país, posición que mantiene incluso después de asumir en enero de 2017 la cartera de Petróleo.
A Martínez no le dictaron  medidas preventivas previstas en el artículo 112 de la Ley de Contraloría, que pueden ser proporcionales a los riesgos manifiestos de daños al patrimonio que determine una investigación.
Tampoco el hecho de pagar un reparo no lo excluye de la responsabilidad de causar daños al patrimonio, dice claramente el artículo 88 de la Ley de Contraloría.

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