Irregularidades, negligencia y corrupción en la administración pública devela Vendata en seis notas periodísticas

“Entre 2007 y 2013, cuatro militares de manera continua tuvieron a su mando la Oficina Nacional del Tesoro, y cuatro de los últimos siete tesoreros están sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”. Así comienza la primera de seis notas periodísticas realizadas este año a partir de las bases de datos de Vendata.

Las otras cinco notas abordan la participación de mujeres en juntas directivas de las empresas del Estado; la disminución de la asistencia ministerial a los pueblos indígenas, a pesar de ser uno de los discursos reivindicativos bandera del oficialismo; la presencia de militares en cargos clave de empresas públicas y sus relaciones con denuncias de corrupción; y cómo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia recibió más de 91 millones de dólares en 2018 a través de la Fundación Gaceta Forense, casa editorial del TSJ.

Realizados por periodistas coordinados por Transparencia Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, estos trabajos fueron elaborados con las bases datos que Vendata.org ha transformado en datos abiertos, comparables y editables, para la consulta de investigadores y ciudadanos. Hoy esta minería de datos alcanza alrededor de 300 mil ítems.

La mayor base de datos abiertos de Venezuela

Frente a los desafíos que plantea la constreñida coyuntura informativa en Venezuela, las dos organizaciones no gubernamentales que tienen entre sus prioridades la defensa y promoción del derecho al acceso a la información de interés público, han unido importantes esfuerzos durante el último año para ampliar y mejorar las capacidades de Vendata, que cuenta con cuatro bases de datos alimentadas con información que se encontraba en formatos no editables y que se ha vaciado en tablas que permiten aplicar filtros para establecer relaciones, comparaciones y análisis, tanto numéricos como cualitativos.

La categoría de Memorias y cuentas dispone de los datos publicados por los organismos principales del Poder Ciudadano en el período 2011 al 2015. Se revisaron 4.795 páginas de 15 documentos en formato PDF; se extrajeron 248 tablas y se sistematizaron 42 bases de datos para un total de 39.794 datos procesados.

Ascienden a 195 mil 489 los registros y 3 mil 189 documentos procedentes de 12 años de Gacetas Oficiales vaciadas manualmente y desagregadas en designaciones de funcionarios, creación de empresas del Estado, aprobación de leyes, sanciones, créditos adicionales, presupuestos, expropiaciones y ascensos militares, entre otros muchos datos.

Vendata cuenta también con Empresas Propiedad del Estado, que incluye 14 mil 312 datos provenientes de 582 empresas. Esta data está categorizada en razón social, sector, objeto, antecedentes, órgano de adscripción, ubicación, autoridades, origen (creación, expropiación, confiscación) bienes y servicios, casos de corrupción y resultados por año.

La información personal de todos los diputados, recolectados por el Observador Parlamentario de Transparencia Venezuela a partir del sitio web de la Asamblea Nacional, de documentos suministrados por los partidos políticos y por los mismos asambleístas, se encuentra disponible en nuestra cuarta base de datos, Asamblea Nacional. Designaciones de funcionarios, creación de empresas del Estado, aprobación de leyes, sanciones, créditos adicionales, presupuesto, expropiaciones y ascensos militares son algunos de los detalles que están desagregados en las bases de datos.

Con estas ventajas, Vendata ha sido la herramienta seleccionada para realizar seis trabajos periodísticos en 2019, que abordan asuntos esenciales de la vida pública tales como la defensa de grupos vulnerables, protección del medio ambiente, enfoque de género, o usurpación de poderes, delito y malversación de fondos públicos.

#YoUsoVendata

Sexta y última nota de esta saga, “La caja chica de Maikel Moreno recibió más de 91 millones de dólares en 2018”, muestra cómo la Fundación Gaceta Forense del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió, a través de seis créditos adicionales, 2.908.918.973,7 bolívares soberanos, lo que equivale a más de 91 millones de dólares a tasa oficial según el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom).

Las acciones y omisiones del Estado han generado severos daños ambientales en Parques nacionales y áreas protegidas. La falta de estudios, inventarios y monitoreo de las direcciones estadales de Ambiente e Inparques, según auditorías de la Contraloría General de la República, actividades, obras y asentamientos ilegales en cuatro parques nacionales ocasionaron consecuencias dramáticas para esos ecosistemas, según “Auditorías oficiales revelan amenazas a preservación de parques nacionales”.

“El poder militar también alcanzó a las empresas estatales”. Este trabajo encontró que, de 576 empresas propiedad del Estado, al menos 60 cuentan con un militar como máxima autoridad. Entre las lideradas por militares destacan Pdvsa, Corpoelec y Cuspal, que manejan sectores estratégicos como petróleo, electricidad y alimentos. En los últimos años, 60 militares activos o retirados han sido los jefes máximos de empresas estatales, donde solo la ineficiencia y la corrupción explican los nefastos resultados.

“En las juntas directivas de las Empresas Propiedad del Estado las mujeres fueron relegadas” es el artículo que utilizó datos recién ingresados a Vendata acerca de la composición de las directivas de las empresas del Estado. De las 226 EPE de las que se conocen titulares de altos cargos, solo 27 están presididas por mujeres. “Asistencia ministerial a los pueblos indígenas disminuyó 80% en cinco años” es la nota investigativa que desmonta la populista retórica del gobierno en favor de poblaciones vulnerables. La entrega de insumos de primera necesidad a pobladores indígenas, como útiles y herramientas para actividades agrícolas, disminuyó 66,3% solo entre 2012 y 2014.

La primera nota publicada “La oficina con los cargos que se llevan el tesoro” expone que de 2007 a 2013 cuatro militares de manera continua tuvieron a su mando la Oficina Nacional del Tesoro y cuatro de los últimos siete tesoreros están sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La revisión en Vendata permitió tener el mapa de los cargos de los extesoreros nacionales en la administración pública y sus turbios entornos.

Hoy el principal desafío para Vendata es continuar liberando datos para confrontar el delito y la corrupción, pero, sobre todo, para construir una cultura de transparencia en Venezuela donde los ciudadanos asuman su poder de vigilancia y control de la gestión pública y la capacidad de incidir en los asuntos estratégicos para la superación de la crisis.