Transparencia Venezuela, 16 de septiembre de 2024.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, quienes presuntamente contribuyeron a obstruir la elección presidencial del 28 de julio, impidieron “un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”. 

Entre los sancionados se encuentran magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), diputados de la Asamblea Nacional, rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y funcionarios de los cuerpos de seguridad Estado. 

El Departamento del Tesoro también anunció que estudia la posibilidad de imponer nuevas restricciones de visas a funcionarios alineados con Nicolás Maduro.  

Aseguró que hasta la fecha, han identificado casi 2.000 personas que estarían potencialmente sujetas a estas restricciones de visas por su participación en “socavar la democracia, participar en actos de corrupción significativos o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”. 

¿Quiénes son los 16 sancionados?  

Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta – Magistrado de la Sala Electoral del TSJ. Suscribió la sentencia número 032 que “certifica” la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En 2019 fue sancionado por el gobierno de Canadá, que lo señaló como responsable del deterioro de la situación venezolana. 

Malaquías Gil Rodríguez. Magistrado y presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022, sala que confirmó la inhabilitación política a María Corina Machado. En 2018 fue sancionado por el gobierno de Canadá, que lo incluyó en una lista de funcionarios acusados de corrupción y violación de derechos humanos.  

Juan Carlos Hidalgo Pandares. Vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ. Sala que confirmó la inhabilitación política a María Corina Machado.  

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Presidenta del TSJ y de la Sala Electoral. Firmó la sentencia que convalida la juramentación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

Fanny Beatriz Márquez Cordero. Vicepresidenta del TSJ e integrante de la Sala Electoral del máximo tribunal. En 2018 también integró la lista de funcionarios sancionados por Canadá por corrupción y violación de derechos humanos. 

Edward Miguel Briceño Cisneros. Juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia sobre Terrorismo. Según medios de comunicación, Briceño fue el juez que firmó la orden de captura contra Edmundo González Urrutia, a quien el Ministerio Público señala por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje de sistemas y delitos de asociación.  

Luis Ernesto Dueñez Reyes. Fiscal del Ministerio Público. Emitió la solicitud de orden de captura contra Edmundo González.  

Rosalba Gil Pacheco. Rectora del CNE, presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE y miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, según el portal Poderopedia.   

Antonio José Meneses Rodríguez. Secretario General del CNE. Antes de estar en el órgano electoral fue funcionario de la Contraloría General de la Republica y firmó el documento que confirmaba la inhabilitación de María Corina Machado.  

Dinorah Yoselin Bustamante Puerta. Fiscal del Tribunal Especial de Primera Instancia de Venezuela, señalada de prestar servicios dentro de una oficina ubicada en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En 2020 fue sancionada por la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega y Ucrania.  

Pedro José Infante Aparicio. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la “Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de Citgo”. También es vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol.   

Domingo Antonio Hernández Larez. Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Anteriormente fue comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital).  

Elio Ramon Estrada Paredes. Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y director de la Dirección Antiterrorista de la GNB, unidad que realiza labores de inteligencia. Estuvo frente a la GNB durante la ola de detención de manifestantes luego de las elecciones del pasado 28 de julio.  

Johan Alexander Hernández Larez. Comandante de la REDI Capital de la GNB. Fue General de División de la Zona de Defensa Integral del estado Miranda (ZODI Miranda). 

Asdrúbal José Brito Hernández. Director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).  

Miguel Antonio Muñoz Palacios. Subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).  

Como resultado de la designación de los 16 funcionarios, todas las propiedades e intereses que ellos puedan tener en Estados Unidos están bloqueadas. Además, las instituciones financieras y otras personas que participen en ciertas transacciones o actividades con los sancionados se exponen también a sanciones. 

“Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de tal persona”, agrega el Departamento del Tesoro.  

Con la designación contra estos 16 funcionarios asciende a 234 el número de ciudadanos sancionados por su presunta participación en narcotráfico, corrupción, socavamiento de la democracia o cooperación con funcionarios venezolanos. Todas estas sanciones pueden ser consultadas en la base de datos de sanciones de Vendata.